Hay una pregunta que seguimos haciendo cuando hablamos de inteligencia artificial en el sector público: ¿debemos usarla?

Creo que esa pregunta ya quedó atrás.

La discusión que realmente importa es otra: ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, anticipar riesgos y gestionar lo público con mayor inteligencia?

Porque la IA ya no es solamente una herramienta tecnológica. Bien utilizada, puede convertirse en una capacidad estratégica del Estado.

Hoy podemos hablar de análisis masivo de información pública, automatización de procesos, identificación temprana de riesgos, seguimiento a contratos y proyectos, análisis territorial, construcción de escenarios para la toma de decisiones, monitoreo de políticas públicas, alertas sobre vencimientos y obligaciones, atención más eficiente al ciudadano y algo que considero especialmente importante: construir memoria institucional.

Uno de los grandes problemas de nuestras entidades es que buena parte del conocimiento público sigue dependiendo de las personas que circunstancialmente ocupan los cargos. Cuando cambia un equipo, muchas veces también se pierde experiencia, contexto, antecedentes y capacidad instalada.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a transformar esa realidad.

Puede permitir que las entidades organicen y aprovechen mejor la información que producen durante años para convertirla en conocimiento útil para quienes deben tomar decisiones.

Pero incorporar inteligencia artificial al Estado no significa simplemente contratar una plataforma o habilitar una herramienta.

Ahí está, precisamente, uno de los mayores retos.

Tenemos que hablar de gobernanza de la inteligencia artificial: quién puede utilizarla, para qué puede utilizarla, con qué información, bajo qué criterios y quién responde por las decisiones que se apoyan en ella.

También debemos hablar del marco normativo y regulatorio colombiano, de protección de datos personales, información reservada, ciberseguridad, transparencia, sesgos algorítmicos y responsabilidad de los servidores públicos.

Porque no todo lo que tecnológicamente puede hacerse necesariamente debe hacerse.

La eficiencia nunca puede desplazar principios esenciales de la administración pública como la legalidad, la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos ciudadanos.

Por eso, el verdadero desafío para quienes hoy tenemos responsabilidades en la gestión pública no consiste en convertirnos en expertos tecnológicos. Consiste en desarrollar la capacidad suficiente para entender qué puede hacer la inteligencia artificial, dónde genera verdadero valor público y cuáles son los límites que debemos establecer.

El funcionario público del futuro —y probablemente ya del presente— tendrá que aprender a gestionar equipos, presupuestos, proyectos, información y también sistemas inteligentes.

La IA puede ayudarnos a tener un Estado más anticipatorio, menos reactivo; más capaz de identificar problemas antes de que se conviertan en crisis; y con mejores herramientas para comprender lo que ocurre en los territorios y responder a las necesidades ciudadanas.

Pero para llegar allí necesitamos algo más que tecnología.

Necesitamos liderazgo.

Porque modernizar la gestión pública no es simplemente usar inteligencia artificial. Es saber gobernarla.

Y esa conversación apenas comienza.